El pronunciamiento del alcalde electo de Quito, Jorge Yunda, de que no descarta la posibilidad de convocar una consulta popular para reabrir los casinos que se cerraron en el 2012, ha despertado el interés de un grupo de extrabajadores que busca reactivar esta actividad y generar nuevos empleos.
El presidente de la Asociación de extrabajadores de casinos del Ecuador, Mauricio Villacís, dijo esta semana que esperan reunirse con Yunda y otros alcaldes electos para presentarles un proyecto que han elaborado con el objeto de nuevamente en operación este tipo de negocios.
En 2012 unos 32 casinos, amparados bajo la Ley de Turismo, dejaron de operar tras la ejecución del decreto 873 de septiembre del 2011 y los resultados de la pregunta 7 de la consulta popular del 7 de mayo del 2011, impulsada por el entonces presidente Rafael Correa, mediante la cual un 45,76 por ciento de los ecuatorianos dijo Sí a la eliminación de los juegos de azar.
Villacís opinó que la actual iniciativa que busca reactivar esta actividad ya ha sido entregada al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Turismo, Ministerio de Economía y Finanzas y del Servicio de Rentas Internas (SRI) y también tienen previsto darla a conocer a la alcaldesa electa de Guayaquil, Cynthia Viteri.
De acuerdo con Villacís, han tenido aceptación de varias carteras de Estado y tienen la intención no solo de reabrir los casinos, sino también salas de juego, bingos y juegos de azar en líneas y apuestas deportivas.
Explicó que la reactivación se puede dar a través de dos vías, una consulta popular o a por la Corte Constitucional. Por ello, desean sumarse de darse el caso a la propuesta de una consulta popular mencionada por Yunda.
Villacís remarcó que el proyecto que impulsan se puede iniciar con una inversión extranjera de unos 400 millones de dólares y dentro de los cambios plantean crear una superintendencia de control de juego o dirección general de juego con competencias para que cree su propia normativa y resoluciones.
«El Ministerio de Turismo, tenemos que ser claros y precisos, no tenía gente capacitada para manejar esta actividad. Siempre pedía consultas a los casinos, a las salas de juego, lo mismo el SRI no sabía cómo manejar la tributación de esta actividad (…)», declaró.
Plantean derogar el artículo 236 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que refiere a la administración, funcionamiento y operación de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar. En este artículo se establece sanciones, decomiso y penas privativas de libertad de uno, tres y hasta cinco años, según el caso.
