El sector del juego presencial ya está arremetiendo contra la ley del juego de la Comunidad Valenciana, que consideran que puede provocar el cierre del 95% de los salones de ese territorio, como indicó en un comunicado la asociación Anesar.
Para este colectivo, que agrupa a los operadores presenciales en España, la ley no les satisface ni en el fondo, ni en la forma ni en el modo en que ha salido adelante. Según afirman en un comunicado, conllevará el cierre del 95% de los salones de juego de la Comunidad Valenciana desde su entrada en vigor.
«Hay medidas mucho más eficaces, efectivas y proporcionales para conseguir lo que la Ley busca, como por ejemplo un control de acceso eficaz a la actividad que ya contempla la propia Ley», afirma el comunicado.
El control de acceso, añaden, «es precisamente uno de los motivo por el que se han salvado bingos y casinos del cumplimiento de distancias. ¿Por qué no los salones? Por supuesto, nada se habla de la ONCE, ni de SELAE, ni del juego online. Van a solucionar “el problema de la ludopatía” cerrando únicamente los salones de juego».
Respecto a la forma, para Anesar «chirría». Aseguran que «nos encontramos con una ley que ha sido absolutamente modificada por la vía de las enmiendas de los políticos de las Cortes, sin dar participación a sectores afectados».
Y consideran que las enmiendas para aprobar esta ley «puede que sea legal, pero desde luego no nos parece la forma más democrática ni mucho menos transparente de enfocar la elaboración de una norma que tiene tanta afectación sobre las empresas y el empleo».
Además, creen «muy sorprendente» que esta ley se haya aprobado «en pleno estado de alarma y recurriendo a cuestionables métodos como el voto ponderado o el voto telemático; con los salones cerrados por el estado de alarma, con la gente en el paro, con una pandemia en la que han fallecido miles de personas, y la prioridad de nuestros representantes públicos es la Ley del Juego».
Admiten que «esta ley no nos ha gustado nunca, ni antes ni ahora, pero creemos que también es obligación de los políticos valorar los momentos». Y aseguran que, en la actual situación existente en España, «también se espera que se analicen a fondo las consecuencias económicas y se retomen, con mucho mayor tiento, las iniciativas legislativas que, como ésta, tienen tanto impacto en la economía y en el empleo».
Por todo esto, desde Anesar consideran que «los valores democráticos han sido llevados más que al límite». Ahora, aseguran, una vez aprobada la norma, «el escenario cambia. Es el momento de analizar el texto cuando se publique y tomar las decisiones oportunas para seguir trabajando, en todos los ámbitos posibles, contra esta ley».
