La Asociación Brasileña de Juegos y Loterías (ABRAJOGO), Asociación de Apuestas y Deportes de Fantasía (ABFS), Asociación Internacional de Juegos (AIGAMING), Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) y el Instituto Brasileño de Juego Legal (IJL) manifiestan su profunda preocupación y vehemente desacuerdo con la posibilidad de aumento de la carga tributaria sobre los operadores legalmente establecidos en el país, tal y como recoge el portal BNL Data.

De manera muy especial señalan como solución alternativa para la compensación fiscal resultante de la posible revocación del Decreto nº 12.466, de 22 de mayo de 2025, que aumenta la tasa del IOF sobre las remesas internacionales del 0,38% al 3,50%.

Desde la publicación de la Ley n.º 14.790/2023, el sector ha demostrado su compromiso con la legalidad y el desarrollo económico del país. Actualmente, los operadores con licencia ya se enfrentan a una estructura fiscal significativamente onerosa, que incluye: una tributación de hasta el 26 % sobre los ingresos brutos de los operadores (12 % Impuesto al Juego + 9,25 % PIS/COFINS y hasta el 5 % ISS); además de un 34 % sobre las ganancias de los operadores (25 % IRPJ + 9 % CSLL); a este monto se suma una tasa de inspección mensual que puede alcanzar aproximadamente R$ 2 millones por operador.

Con la transición hacia el nuevo modelo tributario en marcha, la sustitución del PIS/Cofins y del ISS por el CBS y el IBS debería aumentar esta carga en otro 13% sobre los ingresos brutos, incrementando significativamente la presión fiscal actual, ya una de las más altas del mundo para este tipo de industria.

No podemos olvidar la reciente aprobación del Impuesto Selectivo al sector, cuya alícuota aún espera definición legislativa, pero que acerca la industria a una carga tributaria de casi el 50%, lo que pone en duda la viabilidad económica del sector regulado del juego online en Brasil.

Cabe mencionar que el sector cuenta actualmente con 79 operadores autorizados, que invirtieron más de R$2.400 millones en concesiones solo para iniciar sus actividades en Brasil. La contribución fiscal y social prevista para el año 2025 supera los R$4.000 millones, con asignación a áreas estratégicas como Deportes, Salud, Seguridad Pública, Turismo, Educación y Seguridad Social. Además, las empresas operan bajo un estricto control regulatorio, técnico y de cumplimiento normativo, cumpliendo plenamente con los requisitos de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF), que incluyen normas para la prevención del blanqueo de capitales, la lucha contra el amaño de partidos, el juego responsable y los requisitos tecnológicos.

En este escenario, resulta injustificable —desde cualquier perspectiva técnica, económica o de política pública— imponer nuevas cargas tributarias a un sector que ya está extremadamente sobrecargado y que contribuye significativa y responsablemente al país, so pena de inviabilizar la actividad. La adopción de medidas que comprometen las operaciones legales suele causar el efecto contrario al deseado: el fortalecimiento de plataformas clandestinas que no recaudan impuestos, incumplen las normas regulatorias y exponen a los consumidores al riesgo de fraude, ludopatía y otras vulnerabilidades, como se ha observado en las últimas décadas.

Experiencias internacionales, como las de Italia y España, ya han demostrado que la tributación excesiva en los mercados recientemente regulados conduce a la expansión del mercado ilegal, con una pérdida de ingresos y una reducción de la eficacia regulatoria. En Brasil, el riesgo ya es evidente: mientras que el mercado regulado movió alrededor de R$3.100 millones mensuales en el primer trimestre de 2025, el mercado ilegal operó con estimaciones de entre R$6.500 millones y R$7.000 millones mensuales, cifras que escapan por completo al control del Estado.

El aumento de la carga fiscal sobre los operadores legales, por lo tanto, compromete directamente la permanencia de las empresas en el mercado brasileño, muchas de las cuales ya están considerando devolver sus licencias y cerrar operaciones en el país. Esta salida fortalece la competitividad de las empresas ilegales, socavando los objetivos centrales del marco regulatorio: garantizar la recaudación, proteger al consumidor y promover la integridad del sistema.