El Ministerio de Turismo de Perú, encargado de la regulación del juego online en el país, ya nota el aporte de la industria en los impuestos nacionales. Según los datos de MINCETUR, el gobierno recibió S/ 419,5 millones (aprox. US$ 112 millones) en impuestos al juego online. 

De esos fondos, el 20% se destina al Tesoro Público, el 20% va al Ministerio de Salud para programas de salud mental, el 40%, al Mincetur para fiscalización y promoción turística, y el 20% al Instituto Peruano del Deporte (IPD), impulsando el deporte nacional.

Según información oficial del sistema de recaudación SUNAT, entre enero y noviembre, respecto al Impuesto a los Casinos, la recaudación acumulada alcanzó los S/ 13.1 millones. En el caso del Impuesto a las Máquinas Tragamonedas, se registró aportes por S/ 197.5 millones durante los once meses del año.

Respecto al Impuesto a los Juegos a Distancia, en los primeros once meses del año la recaudación alcanzó los S/ 91.4 millones. Como se recuerda, desde la entrada en vigor de la Ley Nº 31557, el Perú ha autorizado 54 plataformas tecnológicas, ha registrado 320 proveedores y acreditado 08 laboratorios internacionales.

Finalmente, el Impuesto a las Apuestas Deportivas a Distancia se consolidó como la principal fuente de ingresos del sistema, acumulando S/ 117.4 millones. Este dinamismo está estrechamente relacionado con el proceso de formalización que, desde diciembre de 2024, ha incorporado 1,756 nuevas salas de apuestas, alcanzando un total de 4,583 locales autorizados en todo el país.

Además, durante 2025 se cerraron 4 salas ilegales de juegos de casino y tragamonedas y 13 de apuestas deportivas ilegales y se han destruido 557 máquinas tragamonedas que operaban fuera del marco legal en diversas regiones del país.

Perú está reflejando un cambio de tendencia en un país que estaba instalado en el mercado gris hasta su regulación en el año 2022. Este cambio, analizado por la consultora Apuesta Legal, también fortaleció la capacidad de supervisión del sistema financiero. Aunque la serie histórica detallada de operaciones sospechosas no fue actualizada bajo el mismo formato que la de 2007–2018, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) detectó un salto récord en el volumen de alertas. 

A agosto de 2024, la UIF ya había recibido 16.306 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a nivel general, impulsados en gran parte por la incorporación de nuevos sujetos obligados, entre ellos las casas de apuestas online y los operadores de activos virtuales. El avance decisivo se consolidó en octubre de 2025, con la publicación de la Resolución SBS Nº 03622-2025, que estableció un marco específico de prevención de lavado de activos para el sector de apuestas online y endureció los mecanismos de control.

Entre ellos, los más importantes son el umbral de reporte, con la obligación de informar a la UIF de cualquier operación, depósito o premio superior a US$ 2.500 (aprox. S/ 8.900). Además, se establece un plazo de alerta con el envío de ROS en un máximo de 24 horas. Otro punto importante es la fiscalización directa; el MINCETUR pasó a contar con poder sancionador para verificar el cumplimiento de los protocolos antilavado.

Para mayo de 2025, el gobierno peruano ya había autorizado 60 plataformas bajo el nuevo marco legal, lo que permite que el 100% de sus transacciones sea auditable, en contraste con el periodo 2007–2018, cuando una parte importante del mercado operaba fuera del radar oficial.

El estudio de Apuesta Legal, a partir de datos oficiales de UIF-Perú y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), identifica que entre 2007 y 2018 las operaciones sospechosas vinculadas a juegos y apuestas ilegales sumaron aproximadamente US$ 216 millones (S/ 728,6 millones), en el último periodo hecho público. 

Ese tramo histórico corresponde a lo que las autoridades han denominado la “época gris” del sector, cuando la mayoría de plataformas operaba fuera de un marco normativo específico y con capacidad limitada de fiscalización.

La magnitud de estos montos se vuelve más clara al compararlos con otras actividades ilícitas monitoreadas por el sistema financiero. En un periodo de diez años comparable en extensión (2014–2024), la extracción ilegal de madera acumuló US$ 136 millones, mientras que el tráfico de flora y fauna silvestre alcanzó US$ 5 millones en reportes enviados a la UIF. 

Incluso antes del auge digital, las apuestas ilegales ya superaban ampliamente a los delitos ambientales como canal de lavado de activos.

El escenario comenzó a cambiar con la explosión de las apuestas online y la respuesta institucional del Estado. En el 2022, a partir de la Ley N.º 31557, Perú inició un proceso acelerado de formalización que permitió transformar flujos antes opacos en dinero plenamente trazable.

El estudio concluye que el caso peruano muestra una transición clara: de un escenario dominado por operaciones sospechosas difíciles de rastrear, a un modelo basado en formalización, trazabilidad y fiscalización activa. 

En ese sentido, los datos históricos conservan valor no como fotografía del presente, sino como evidencia del riesgo estructural que llevó al Estado a rediseñar por completo su estrategia frente al lavado de activos en el sector de apuestas. 

Este caso puede servir como referencia para los países de la región que aún no han implementado un marco regulatorio integral para el iGaming, al evidenciar cómo la formalización eleva la capacidad de control, reduce la opacidad y fortalece la supervisión del mercado.