La patronal del juego en Brasil avisa de que desmantelar el marco legal dispararía el mercado negro, suprimiendo las garantías al jugador
El Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) ha respondido a las recientes preocupaciones expresadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre el impacto del sector en el bienestar económico de las familias brasileñas.
La entidad ha reafirmado que la regulación es la herramienta más segura y eficaz para proteger a la sociedad, advirtiendo que el cierre del mercado legal no suprimiría la demanda, sino que empujaría a los usuarios hacia la informalidad, desmantelando los mecanismos de protección al consumidor y eliminando una recaudación fiscal clave para el país.
El principal desafío que enfrentan tanto la industria como el Estado es la erradicación de las plataformas clandestinas. De acuerdo con una investigación conjunta del Instituto Locomotiva y LCA Consultoria, el mercado ilegal domina actualmente el 51% del sector de las apuestas en Brasil.
Este segmento en la sombra moviliza unos 40.000 millones de reales (R$) anuales, operando al margen de la ley y generando un agujero fiscal estimado en 10.800 millones de reales al año para las arcas públicas. Desde el IBJR sostienen que el fortalecimiento del mercado formal, el cual opera bajo uno de los marcos normativos más modernos a nivel global, es la única vía para asfixiar la ilegalidad y garantizar la integridad del ecosistema.
Frente a la sensibilidad política sobre el endeudamiento de la población, el IBJR ha aportado datos técnicos para contextualizar el impacto real del sector.
En primer lugar, se refiere al impacto en el consumo. Los informes de LCA Consultoria señalan que el gasto en apuestas representa apenas entre el 0,2% y el 0,5% del consumo total de las familias brasileñas.
En segundo lugar, hablan sobre la raíz de la deuda. En contraste con lo anterior, los datos de la Encuesta Nacional de Endeudamiento e Insolvencia del Consumidor (PEIC) indican que el 80,2% del sobreendeudamiento proviene de las tarjetas de crédito.
Según el IBJR, como barrera de contención, las plataformas reguladas bajo el dominio .bet.br tienen estrictamente prohibido aceptar pagos mediante tarjetas de crédito o criptomonedas.
A estas medidas financieras se suman protocolos obligatorios de salud pública e integridad. Las empresas licenciadas exigen rigurosos procesos de identificación y reconocimiento facial durante el registro.
Además, el entorno regulado es el único que impone herramientas de seguridad obligatorias, tales como la limitación del tiempo de sesión, restricciones de depósito y sistemas de autoexclusión.
En términos financieros, la industria subraya su rol como motor económico. Solo en el ejercicio fiscal de 2025, el Gobierno Federal recaudó 9.950 millones de reales a través de tributos aplicados a las plataformas reguladas.
A esta cifra se suman las inyecciones multimillonarias provenientes de la recaudación sobre los ingresos brutos del juego (GGR, por sus siglas en inglés), las cuales se destinan por ley a la financiación de áreas de interés público:
| Destino Social | Aporte Estimado a través del GGR (R$) |
| Deportes | 1.600 millones |
| Turismo | 1.200 millones |
| Seguridad Pública | 590 millones |
| Educación | 433 millones |
El marco legal actual ha diseñado una estructura tributaria en la que la carga impositiva total sobre el GGR alcanzará el 32,8% en 2026, con proyecciones de elevarse hasta el 42% en 2033. La patronal ha lanzado una advertencia al respecto: eventuales incrementos impositivos progresivos podrían generar un efecto contraproducente, desviando a los usuarios hacia el mercado no regulado, un fenómeno ya documentado en otras jurisdicciones internacionales.
El proceso de concesión requirió el pago de 30 millones de reales por operador para obtener licencias válidas por cinco años, exigiendo además la constitución de empresas con sede administrativa en Brasil. Este compromiso se ha traducido en una recaudación inicial de aproximadamente 2.500 millones de reales para el Gobierno Federal.
Con un capital social invertido que asciende a 7.500 millones de reales, LCA Consultoria estima que el sector genera un efecto multiplicador capaz de inyectar hasta 28.000 millones de reales adicionales en la economía nacional. Asimismo, el segmento sostiene unos 15.500 empleos directos e indirectos altamente cualificados.
El IBJR concluye su comunicado subrayando que un retroceso en el proceso regulatorio significaría «suprimir ingresos vitales para el desarrollo social y exponer a los brasileños al mercado marginal», y reiteró su disposición a mantener un diálogo técnico e institucional tanto con el Ejecutivo como con el Congreso Nacional.