La UAF y la SCJ emiten una circular conjunta para adoptar un enfoque basado en riesgos e igualar los estándares internacionales.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) de Chile han emitido una nueva circular conjunta que actualiza de manera integral la regulación en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) aplicable a las 25 salas de juego del país.
La normativa, dictada bajo las Circulares Conjuntas UAF N°63 y SCJ N°150, deroga las anteriores disposiciones vigentes desde 2014 e introduce un marco regulatorio moderno para adecuar a las sociedades operadoras y concesionarias municipales a las exigencias fijadas en la Circular UAF N°62 aplicable al resto de los sujetos obligados del sistema económico.
Entre las principales modificaciones introducidas destaca la implementación obligatoria de un enfoque basado en riesgos, alineado con las recomendaciones y estándares internacionales, el cual deberá ser incorporado directamente en las políticas y procedimientos internos de cada casino.
Asimismo, la normativa exige un fortalecimiento de los mecanismos de análisis y reporte de operaciones sospechosas, establece medidas de debida diligencia diferenciadas en función del perfil de riesgo de los clientes y refuerza la gobernanza mediante la creación de un Comité de Prevención y mayores atribuciones para la figura del Oficial de Cumplimiento.
Las exigencias también contemplan la actualización de los manuales preventivos, el registro de operaciones, la identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y los planes de capacitación continua del personal.
La entrada en vigor del nuevo texto normativo está programada para el 1 de octubre de 2026, respaldada por las atribuciones legales que conceden las Leyes N°19.913 y N°19.995 a la UAF y a la SCJ, respectivamente.
Según las autoridades interinas de ambas instituciones, la medida moderniza una regulación que no registraba modificaciones sustantivas desde hace más de una década y consolida un trabajo de fiscalización conjunta en el que más de la mitad de las inspecciones realizadas en casinos durante 2025 se ejecutaron de forma coordinada entre ambos organismos.