El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial de la Unión el lunes (15 de junio) y la investigación se ha registrado con el número 08192.121842/2026-43
La Primera Fiscalía para la Defensa de los Derechos del Consumidor del Ministerio Público del Distrito Federal y Territorios ha abierto una investigación civil para esclarecer irregularidades cometidas por la empresa Spribe en la operación del videojuego «Aviator», tal y como recoge el portal de noticias brasileño BNLData.
La investigación se formalizó mediante la Ordenanza n.º 1.028, firmada el 8 de junio. El procedimiento investiga el suministro del videojuego a operadores clandestinos sin la autorización de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda.
La información obtenida por la Fiscalía del Distrito Federal indica que la empresa ofrece el juego simultáneamente a operadores autorizados por la ley brasileña, que utilizan el dominio «.bet.br», y a operadores clandestinos. Estos últimos operan sin autorización federal. Dichos operadores irregulares no recaudan impuestos y carecen de políticas efectivas para prevenir el lavado de dinero, promover el juego responsable y garantizar la integridad del proceso de apuestas.
La investigación civil pública se fundamenta en las Leyes Federales 7.347/1985 y 8.078/1990. La Ley Complementaria 75/1993 también respalda el procedimiento. La investigación se centra en cuatro áreas principales: el suministro del juego «Aviator» a operadores no autorizados y sus implicaciones administrativas, civiles y penales; la existencia de publicidad engañosa y prácticas abusivas; el perjuicio a los consumidores debido a la falta de protección regulatoria; y la identificación de todos los responsables de la cadena de suministro y la operación ilegal del juego.
La Fiscalía recomendó a la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda la suspensión preventiva inmediata de la certificación técnica aplicable a los juegos de Spribe, en especial a «Aviator». La medida prevé el bloqueo de toda la actividad de la empresa hasta que se demuestre de forma inequívoca y auditable que ha cesado el suministro a operadores no autorizados. La reanudación de las actividades dependerá de la implementación de controles de integridad, prevención del blanqueo de capitales y protección del consumidor.