Los salones de juego y las casas de apuestas ubicados en la Comunidad de Madrid tendrán que destinar el 0,7 por ciento de su recaudación a programas de prevención y tratamiento de la ludopatía.
El anuncio lo ha hecho hoy el presidente regional, Ángel Garrido, que también ha indicado que su Gobierno está evaluando la posibilidad de introducir una distancia mínima entre este tipo de establecimientos y los centros educativos de enseñanzas no universitarias.
Las nuevas exigencias para el sector estarán expuestas en un decreto que, según afirman en la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, se aprobará a finales de marzo o principios de abril y que, en todo caso, no tendrá efectos retroactivos. Esto quiere decir que si se implementara finalmente la limitación espacial se aplicaría ya para la renovación y concesión de nuevas licencias. Además, se reforzarán las medidas de control de acceso de salones de juego y casas de apuestas para equipararlos a las de los casinos y los bingos. Así, será obligatorio que exista un mostrador a la entrada donde el personal del local compruebe la identidad del cliente para evitar el paso de menores y personas que padezcan ludopatía.
El tema se ha tratado hoy en la Asamblea de Vallecas a instancias del grupo parlamentario de Podemos. En palabras de su portavoz, Clara Serra, se trata de «un problema grave» que el Gobierno del PP no ha sabido manejar y que «afecta además a las zonas y los barrios más desfavorecidos».
En Madrid hay alrededor de 380 salones de juego y 190 casas de apuestas físicas -las online están reguladas por una normativa estatal-. En el Ejecutivo de la Puerta del Sol sostienen que «no hay preocupación» por estos datos, ya que calculan que existen 5,92 locales de este tipo por cada 100.000 habitantes, una cifra por debajo de la media nacional de 6,73. En 2017, se realizaron en la región 22.810 inspecciones y se abrieron 389 expedientes sancionadores. Entre las infracciones detectadas estaba la presencia de menores y el haberse permitido la entrada a personas incluidas en el Registro de Interdicciones al Juego, de acuerdo con datos del Gobierno autonómico.
