El Consejo de Ministros ha dado luz verde al trámite del del anteproyecto de Ley del Ministerio de Consumo que actualizará la normativa de defensa de los consumidores. De este modo, el Gobierno pretende desarrollar su régimen sancionador para disuadir el fraude a los consumidores.
En la futura norma, se prohibirá la publicidad encubierta en redes sociales, reseñas y comentarios falsos sobre productos en Internet. Del mismo modo, se recoge también la reventa de entradas a espectáculos como una práctica desleal cuando el uso de bots impida el acceso a la compra normal.
La decisión del Consejo de Ministros inicia la tramitación del texto de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU). El objetivo es adaptarla a las nuevas formas de comercio electrónico y regular ciertos comportamientos empresariales perjudiciales para los derechos del consumidor.
Capacidad sancionadora
Con la nueva reforma de esta ley, el Ministerio de Consumo tendrá competencia sancionadora en casos de fraudes masivos. El ministerio que dirige Alberto Garzón podrá actuar como autoridad sancionadora contra las infracciones que afecten al mercado y a la competencia. Esto será así cuando sucede en varios Estados de la Unión Europea o si el infractor no está en España en casos relacionados con el comercio electrónico.
El texto recogerá por primera vez la prohibición de la publicidad encubierta en redes sociales y la publicación de reseñas y valoraciones falsas o pagadas por el fabricante en los productos a la venta en internet.
Igualmente, la reforma incluye controles a los buscadores online cuando otorguen puntuaciones y valoraciones superiores a bienes o servicios con respecto a los de sus competidores y no informen a los consumidores de que su posicionamiento responde a publicidad pagada. Ahora, los motores de búsqueda tendrán que mostrar una descripción de los parámetros utilizados para establecer la clasificación de los resultados.
Régimen sancionador
La gran novedad de este anteproyecto de Ley reside en su nuevo régimen sancionador. La intención del Ministerio de Consumo es que las multas derivadas de los fraudes a consumidores sean efectivas, proporcionadas y disuasorias.
De este modo, las sanciones máximas que puede imponer el Estado subirán hasta un millón de euros y ocho veces el beneficio ilícito obtenido, en el caso de las infracciones cometidas únicamente en España. Cuando las infracciones tengan lugar en varios estados miembros, la sanción sería del 4% del volumen de la facturación de las compañías. También se prevén otras sanciones como el comiso de las mercancías, el cierre de establecimientos por un plazo de hasta 5 años y la publicidad de las sanciones impuestas.
