Esta reestructuración jurídica se enmarca en una estrategia de control directo y combate a la impunidad dentro del sector
Según dio a conocer la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, el texto normativo, presentado preliminarmente ante la Cámara de Diputados en septiembre de 2025, superó el análisis interno de la administración pública federal y se encuentra a un paso de ser evaluado por el Gabinete de Seguridad Nacional previo a su remisión al Poder Legislativo.
La funcionaria precisó en Conferencia Matutina que la propuesta atiende a una consigna directa de la Presidencia de la República para involucrar a las dependencias con competencia sobre el sector de casinos y entretenimiento, buscando renovar un marco normativo vigente desde 1947 que prohíbe de manera general las apuestas y reserva la facultad exclusiva de autorización a la Segob.
Desde el inicio de la presente administración, la Segob estableció condiciones operativas claras frente a los permisionarios de la industria, exigiendo la erradicación de prácticas corruptas bajo la advertencia explícita de encarcelar a funcionarios coludidos y clausurar negocios irregulares, a cambio de agilizar la regularización de trámites sin recurrir a gestores ni intermediarios.
En materia de fiscalización, el trabajo articulado con la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera ha derivado en sanciones y cierres de establecimientos investigados por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero. En este balance operativo de dos años, la cifra pública asciende a 13 casinos clausurados, aunque la dependencia calcula que el número total de establecimientos con irregularidades alcanza una veintena.