Todas las empresas de juego online con licencia estatal están obligadas por ley a comprobar que el titular de la cuenta de usuario coincida de forma estricta con el del medio de pago empleado para depositar o retirar fondos
El cambio normativo, recogido en la disposición final cuarta del Real Decreto 813/2026 aprobado a principios de mes por el Consejo de Ministros, busca cerrar una de las brechas técnicas más explotadas por las redes delictivas: el uso de tarjetas bancarias ajenas y billeteras virtuales de difícil trazabilidad en tiempo real.
Alerta por blanqueo de capitales
La intervención responde a una tendencia al alza en los delitos telemáticos vinculados a las apuestas. A lo largo de 2025, las denuncias por usurpación de identidad en el juego digital crecieron un 12% en España hasta alcanzar las 8.675 incidencias, según los registros del Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS), coordinado por Consumo junto a la Agencia Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los análisis de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) advierten de que estas prácticas han trascendido el ámbito doméstico o los conflictos patrimoniales aislados. Con frecuencia creciente, estas cuentas pantalla sirven de pasarela financiera para organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de capitales.
Calendario de adaptación: seis meses de moratoria
La exigencia entra en vigor de forma inmediata para los nuevos registros en plataformas habilitadas. Para la base de usuarios preexistente, el Ejecutivo ha fijado un régimen de transición de medio año con el objetivo de que los operadores ajusten sus pasarelas técnicas de verificación.
Durante esta moratoria, los jugadores ya registrados podrán continuar haciendo recargas y apostando con sus métodos habituales, pero la normativa impone una restricción clave: quedan bloqueadas todas las retiradas de ganancias hasta que no se certifique de forma fehaciente la titularidad de los fondos.
Vencido el plazo de seis meses, si un usuario no ha acreditado la coincidencia de los datos bancarios con su perfil de juego, la plataforma estará obligada a rescindir unilateralmente el contrato de juego y notificar el cierre a la DGOJ. En ese escenario, los operadores deberán reembolsar los saldos pendientes y los premios acumulados, siempre con sujeción estricta a los protocolos vigentes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.