El Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva ha marcado su hoja de ruta legislativa de cara a la recta final del año parlamentario
El ministro de la Secretaría de Relaciones Institucionales (SRI), José Guimarães, detalló en rueda de prensa que el objetivo prioritario del Planalto es someter a votación tres proyectos estratégicos en el Congreso Nacional antes del inicio del receso, fijado para el 20 de diciembre: la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de Seguridad Pública, la PEC de Tarifa Cero en el transporte metropolitano y la Medida Provisional 1.394/2026, dirigida a prohibir las apuestas de cuota fija.
«Si logramos votar estos tres puntos neurálgicos, nos daremos por satisfechos», aseveró el líder de la articulación política gubernamental, quien ratificó además que la votación del Presupuesto General de la Unión para el ejercicio 2027 constituye el trámite ineludible que debe cerrarse en este mismo calendario.
La ofensiva contra las apuestas corre contra el reloj
En lo relativo al bloqueo a las plataformas de apuestas de cuota fija, Guimarães intentó zanjar las dudas sobre el compromiso del Ejecutivo: «No nos daremos por vencidos». No obstante, la tramitación parlamentaria de la Medida Provisional 1.394/2026 afronta un cuello de botella logístico y político de calado.
A menos de dos meses para el receso, la comisión mixta encargada de su análisis ni siquiera ha sido instalada formalmente, y carece aún de presidente y ponente asignados. La urgencia se acentuará el 9 de noviembre, fecha límite a partir de la cual la medida pasará a bloquear la tabla de votaciones de la cámara legislativa donde esté radicada si no ha sido sometida a escrutinio previo.
Pulso en el gabinete: el ajuste fiscal queda relegado
La agenda presentada por Guimarães confirmó una visible fractura en el seno del equipo económico y político respecto a la disciplina presupuestaria. El ministro de Relaciones Institucionales descartó categóricamente tramitar un paquete de contención del gasto público antes de que termine el año: «Este asunto ni se ha debatido, ni se está debatiendo, y mucho menos en el ámbito de nuestra bancada parlamentaria».
La postura choca de frente con las demandas del ministro de Hacienda, Darío Durigan, quien ha insistido públicamente en la necesidad de activar medidas de austeridad para apuntalar el equilibrio fiscal.
La postergación del ajuste presupuestario conlleva un evidente riesgo estratégico para el Gobierno. A partir de febrero de 2027 tomará posesión una nueva composición del Congreso con un peso opositor significativamente más robusto que el actual. Cualquier reforma de calado fiscal que Planalto no consiga blindar con las mayorías vigentes exigirá concesiones políticas sustancialmente más costosas en la próxima legislatura.