El giro estratégico planteado por el Ejecutivo sustituye esa arquitectura por un gravamen específico del 3 % directo, sin posibilidad de descontar IVA ni PPM. De este modo, la carga impositiva efectiva ascenderá al 22 % al computar el IVA
El Gobierno de Chile defendió el rediseño fiscal incorporado al proyecto de ley que regulará las apuestas en línea en el país, proyectando ingresos fiscales superiores a los 100 millones de dólares durante sus primeros doce meses de vigencia. La cifra, según detalló el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, superará con creces las estimaciones de la iniciativa precedente y alcanzará los 133 millones de dólares en un horizonte de cinco años.
Durante la presentación técnica de las indicaciones, Vallebona contrastó el nuevo modelo con el esquema original. La propuesta anterior contemplaba gravar la actividad con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajo la categoría de servicio de entretenimiento digital, lo que habilitaba a los operadores a recuperar créditos fiscales por sus compras y contrataciones. Asimismo, se fijaba un impuesto específico del 20 %, homologado al de los casinos físicos, pero que permitía deducir tanto el IVA como los Pagos Provisionales Mensuales (PPM), además de una tasa adicional del 1 % para juego responsable sujeta a deducción por gastos efectuados.
A esta estructura se añade un gravamen del 1 % sobre los ingresos brutos —deducidos el IVA y el PPM— destinado a financiar programas de juego responsable, complementado por un aporte fiscal directo de 60.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) durante tres años para la creación de un nuevo Fondo de Ludopatía. En paralelo, se preserva el canon anual de 1.000 UTM por cada licencia de operación.
Frente a eventuales cuestionamientos sobre una supuesta rebaja tributaria, el subsecretario fue tajante: «Con este cambio no hay una disminución de impuestos del 20 % al 3 %, ya que se trata de bases imponibles distintas», argumentó. La autoridad subrayó que el esquema resultante garantizará «una tributación predecible y fácil de fiscalizar».
Las proyecciones oficiales reflejan el impacto de este ajuste metodológico: mientras la redacción previa calculaba una recaudación de 84 millones de dólares anuales, el nuevo marco prevé rebasar los 100 millones en su ejercicio inaugural y consolidar un flujo de 133 millones de dólares hacia el quinto año de aplicación.