Según las estimaciones del regulador colombiano, por las tragamonedas retiradas se dejaban de percibir por derechos de explotación, unos $301 millones al año. La entidad impondrá sanciones de $7.436 millones a los dueños o administradores de los lugares intervenidos.

El presidente de Coljuegos, Juan B. Pérez Hidalgo, informó que con el apoyo de la Policía Nacional, se realizaron operativos de control en 11 establecimientos de comercio ilegales ubicados en los municipios de Viotá (Cundinamarca), la Paz (Cesar), y las ciudades de Bogotá, Valledupar y Cali, en los que operaban 101 máquinas electrónicas tragamonedas (MET) y 3 módulos de apuestas online que no contaban con la autorización para operar por parte de la entidad.

“En Valledupar se intervino 2 establecimientos que funcionaban sin los debidos permisos por parte de Coljuegos de los que se decomisaron 31 máquinas electrónicas tragamonedas, por los que de acuerdo con las estimaciones de Coljuegos, se dejaban de percibir $92 millones al año y un módulo de apuestas online que ofrecía juegos a través de páginas no autorizadas. También en el departamento de Cesar, en el municipio de la Paz, se intervino otro establecimiento del que se retiraron 7 máquinas tragamonedas, por las que se dejaba de percibir $21 millones al año y 2 módulos de apuestas deportivas ilegales”, indicó el funcionario.

En la capital del departamento del Valle del Cauca, Cali, se decomisaron de 22 máquinas electrónicas tragamonedas en 2 establecimientos comerciales, por las que de acuerdo con las estimaciones de Coljuegos, se dejaban de percibir $66 millones al año.

“En Bogotá se intervinieron 4 establecimientos que no contaban con la autorización para operar 19 Máquinas Tragamonedas, por las que al calcular los derechos de explotación, se estima que se dejaban de percibir recursos por el orden de $57 millones al año. Y en el municipio de Viotá (Cundinamarca) se decomisaron 22 MET de 2 establecimientos comerciales”, agregó Pérez Hidalgo.

El funcionario de Coljuegos explicó que de la entidad iniciará el proceso administrativo sancionatorio a quienes operaban estos establecimientos ilegales y les impondrá las sanciones por $7.436 millones, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 20 de la Ley 1393 de 2010.