El regulador colombiano Coljuegos ha decomisado 871 máquinas tragamonedas ilegales a lo largo de este año, tras diversos operativos en la lucha contra el juego ilegal en Colombia.
Gracias a los Pactos por la Legalidad entre Coljuegos y las entidades territoriales, y con el apoyo de la Fiscalía General, el Ejército Nacional y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) decomisaron 871 tragamonedas ilegales sin autorización.
Estas máquinas representan a las finanzas públicas más de 27.714 millones de pesos entre derechos de explotación e impuesto del IVA que se dejaron de percibir, según ha informado Coljuegos.
Este año las entidades territoriales en las que se obtuvieron mayores resultados en la lucha frente a la ilegalidad fueron Quindío, Cartagena, Barranquilla y Medellín. En Quindío se decomisaron 256 máquinas ilegales, por las que se dejaron de percibir más de 8.145 millones de pesos entre derechos de explotación e impuesto del IVA.
En Cartagena se decomisaron 206 máquinas, que equivalen a 6.554 millones de pesos. En Barranquilla se decomisaron 168 máquinas que representan 5.345 millones de pesos. Finalmente, en Medellín se decomisaron 110 máquinas cuyo funcionamiento le representa a las finanzas públicas una evasión de 3.500 millones de pesos.
Resultados contundentes
De acuerdo con Carlos Andrés Zárate, gerente de Control de Coljuegos, los resultados en la lucha contra la ilegalidad son contundentes, particularmente en un año desafiante por cuenta de la emergencia sanitaria.
“Gracias al trabajo con la Fiscalía General, el Ejército y la Policía Fiscal Aduanera, hemos avanzado con el importante decomiso de máquinas ilegales, que se traducen en recursos perdidos que podrían haberse destinado para financiar la salud de los colombianos”, explicó.
Durante el 2020 se realizaron 90 judicializaciones en la Fiscalía General de la Nación por la operación ilegal de elementos de juegos de suerte y azar en Colombia. “Este es un sector que genera, entre juegos localizados y novedosos, más de 100.000 empleos entre directos e indirectos y la operación ilegal afecta esa posibilidad de crear puestos de trabajo de calidad”, subrayó Zárate.
Hay que recordar que la operación ilegal de juegos de suerte y azar acarrea multas de 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada máquina decomisada y penas de entre 6 a 8 años de cárcel.
“La invitación a quienes operan de manera ilegal es que comprendan el alto costo de ejercer la actividad al margen de la ley y las ventajas de apostarle a la legalidad y contribuir a la financiación de la salud en las regiones colombianas”, concluyó el gerente de COI.
