La Comisión de Juegos suspende temporalmente el trámite para nuevos operadores mayoristas en ruta mientras se resuelve la disputa judicial

La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico ha paralizado de manera automática la recepción y tramitación de nuevas solicitudes de licencias para dueños mayoristas y operadores de máquinas de juegos de azar en ruta. 

Esta determinación regulatoria se produce tras la intervención del Tribunal de Apelaciones, que ha acogido un recurso presentado por el ente regulador para revocar un dictamen previo emitido por el Tribunal de Primera Instancia. 

Con esta orden judicial, el foro apelativo dispone la congelación de todos los procedimientos en la instancia inferior hasta que se evalúe a fondo el fondo de la controversia legal que afecta al sector del juego terrestre en la isla.

El conflicto legal surge a raíz de las discrepancias en torno a los criterios técnicos y administrativos aplicados para la emisión de nuevos permisos dentro del segmento de rutas. 

Mediante un comunicado oficial suscrito por su director ejecutivo, el licenciado Juan Carlos Santaella Marchán, el organismo regulador defendió que la paralización es una medida necesaria para preservar el orden y la estabilidad del mercado. 

La Comisión sostiene que cualquier apertura o modificación en el volumen de licencias debe alinearse estrictamente con los términos, plazos y condiciones contemplados en la Ley Número 11 del 22 de agosto de 1933, la normativa marco que gobierna la actividad de azar en el país y sus correspondientes enmiendas vigentes.

Desde la dirección de la Comisión de Juegos se ha reiterado que el objetivo prioritario del organismo es salvaguardar la integridad de la industria, el interés público y ejercer sus facultades plenas de fiscalización. 

Los representantes legales del Estado argumentan que admitir trámites bajo las condiciones dictadas en primera instancia vulneraba la planificación ordenada y la intención original del marco legislativo. 

De este modo, el mercado de máquinas en ruta de Puerto Rico permanecerá en un periodo de estricta cautela operativa y regulatoria a la espera de una resolución definitiva por parte de los tribunales competentes.