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Congresistas colombianos piden destinar el bote de Baloto al COVID-19

22 abril 2020 12:06 pm GMT

18 representantes de la Cámara colombiana y un senador nacional han pedido por carta al presidente del Gobierno, Iván Duque, que destine el bote del Baloto a sufragar gastos sanitarios por la pandemia.

Se trata de un bote acumulado de más de 81.000 millones de pesos, cantidad nada desdeñable, que la representante Nubia López ha hecho pública.

En la misiva, en la que aparecen los nombres de 18 representantes a la Cámara y un senador, los congresistas resaltan que es necesaria la adquisición de elementos de bioseguridad para todo el «talento humano» que sea necesario vincular al sistema de salud para atender el coronavirus.

La carta señala también que los operadores de juegos de azar pagan al Gobierno, a través de Coljuegos, para financiar la salud pública, por lo que consideran que este fin es acorde con el destino de ese bote del Baloto.

Por todo ello, solicitan al presidente del Gobierno, Iván Duque, «que el Estado ordene que el premio acumulado que hoy tiene Baloto se destine a la compra de equipos de protección de bioseguridad y estos sean distribuidos entre los municipios de categorías 4, 5 y 6».

Esos municipios son los que tienen un máximo de 30.000 habitantes y que cuentan con los menores niveles de ingresos del país.

La petición ha desatado un debate en el país, como indica la prensa local, ya que la duda ahora es si el presidente puede tomar esa rogativa o no. Los juegos y las loterías están regulados por la Ley 643 de 2001 y el Acuerdo 4 de 2016 del regulador, Coljuegos.

Esas normas dictan que tiene el monopolio de las rentas que produzcan los juegos de azar y permite la explotación de estas actividades a terceros, que son los que recaudan esas rentas para entregarlas a las entidades territoriales.

Pero, en lo referente a los botes o acumulados, parecen quedar reservados a las empresas que los explotan. En el caso del Baloto en Colombia, esa empresa es la compañía privada IGT. Por el momento, ni el Estado ni tampoco IGT se han pronunciado sobre esta iniciativa elevada al Gobierno.

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