El alto tribunal declara inexequible el Decreto 1390 de 2025, anulando las facultades extraordinarias del Ejecutivo para legislar en tributos y en el juego

En un fallo de profunda trascendencia para la estabilidad jurídica y económica del país, la Sala Plena de la Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 de 2025. 

Con una votación de 6 contra 2, el tribunal determinó que la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica emitida por el Gobierno Nacional no cumplía con los presupuestos constitucionales de «hecho sobreviniente», asestando un golpe definitivo a la estrategia legislativa del Ejecutivo para este año.

La decisión, bajo la ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, sostiene que las razones esgrimidas por el Gobierno —asociadas principalmente a déficits presupuestales y al cumplimiento de fallos judiciales sobre el sistema de salud— no constituyen eventos súbitos o imprevisibles. 

Según el tribunal, estas situaciones forman parte de la dinámica ordinaria del Estado y deben ser gestionadas a través de los canales legislativos regulares y la planeación presupuestal estándar, preservando así el principio de separación de poderes.

La anulación del decreto madre arrastra consigo la validez de los decretos de desarrollo expedidos bajo su amparo. Entre los más afectados se encuentra el Decreto 1474 de 2025, que contenía un ambicioso paquete de medidas fiscales diseñadas para entrar en vigor en 2026.

Para la industria del juego, esta decisión genera un compás de espera crítico. Aunque el tribunal aún debe aclarar los efectos finales de la sentencia (si son retroactivos o solo a futuro), la caída de la emergencia debilita el sustento jurídico de medidas que buscaban reformar el recaudo tributario, incluyendo impuestos al consumo de servicios digitales y ajustes en la fiscalidad de las apuestas. 

Si bien otras medidas bajo la «Emergencia Climática» (Decreto 150 de 2026) siguen bajo estudio, la doctrina sentada por la Corte en este fallo sugiere un nivel de escrutinio máximo para cualquier vía excepcional que intente eludir el debate en el Congreso.

El sector privado ha recibido la noticia con una mezcla de alivio por el respeto a las formas institucionales y preocupación por la incertidumbre resultante. La «caída del paquete fiscal» mencionada por el Ejecutivo durante las audiencias previas plantea ahora un reto de financiación para 2026 que deberá resolverse mediante una ley de financiamiento tradicional.

Desde una perspectiva regulatoria, el mercado colombiano, referente en la región por su madurez, enfrenta ahora el desafío de operar bajo un marco de transición mientras se define qué alivios y sanciones tributarias, que ya habían sido aplicados durante la vigencia provisional del decreto, mantienen su validez. 

La Corte ha sido clara: la necesidad de recursos no justifica el desbordamiento de las competencias excepcionales de la Presidencia, obligando a que cualquier cambio en las reglas del juego del sector de apuestas y tecnología pase necesariamente por el escrutinio parlamentario.