El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Luiz Fux, ordenó la suspensión a escala nacional de todos los procedimientos judiciales en curso en juzgados ordinarios que impugnan la constitucionalidad de la Medida Provisional (MP) N.º 1.394/2026, la norma que clausuró el mercado de las apuestas en el país
El auto individual, suscrito el domingo 8 y notificado formalmente a primera hora del lunes 9, se dictó en el marco de la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 8.027, promovida por la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), y queda pendiente del refrendo definitivo del Pleno de la Corte.
El alcance de la resolución congela cualquier pronunciamiento en instancias inferiores hasta que el máximo tribunal juzgue el fondo de las cuatro ADI acumuladas contra el texto gubernamental (ADI 8.024, 8.027, 8.028 y 8.035), todas bajo la ponencia del propio Fux. A efectos prácticos, la medida clausura la vía cautelar para las casas de apuestas, impidiéndoles obtener amparos judiciales que habiliten su reactivación operativa mientras la Corte no fije fecha ni resuelva sobre el fondo del litigio.
El requerimiento de la Procuraduría General
La orden atiende a una solicitud de tutela de urgencia incidental elevada el pasado 6 de noviembre por el procurador general de la República, quien advirtió de que la disparidad de fallos en primera y segunda instancia generaba una severa inseguridad jurídica y una aplicación fragmentada de la ley federal.
Entre los precedentes analizados, la Fiscalía General expuso el amparo dictado el 8 de octubre por la Justicia Federal de São Paulo que facultó la operativa temporal de Stake Brazil hasta el 25 de octubre, así como el dictamen emitido el 3 de noviembre por el Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región (TRF3) en favor de CDA Gaming (matriz de Casa de Apostas, Betsul y Jogo Online). La fiscalía identificó además otros 13 litigios activos con pretensiones idénticas en la jurisdicción paulista.
Ambas cautelares ya habían sido revocadas por la presidencia del TRF3 a instancias de la Abogacía del Estado. Como consecuencia directa, CDA Gaming, que se mantenía como el último operador legal en activo en el país, fue conminada a cesar transmisiones y apagar sus servidores a las 9:00 horas del lunes 9. Desde la publicación de la MP el 25 de septiembre, el sector y la ANJL habían articulado al menos 19 demandas en fueros federales (14 en la demarcación del TRF3 y cinco en la del TRF1), todas ellas paralizadas de facto por el fallo de Fux.
El cerco jurídico y la señal de fondo
En el terreno procesal, Fux sustentó su intervención en el artículo 21 de la Ley 9.868/1999, que faculta al STF a suspender causas en trámite para salvaguardar la coherencia del ordenamiento, e invocó por analogía los poderes cautelares extraordinarios de la Ley 9.882/1999 en casos de extrema urgencia. Como antecedente vinculante, citó la resolución del magistrado Flávio Dino en la ADI 7.774, que paralizó a escala nacional los litigios vinculados a la moratoria de la soja.
No obstante, las consideraciones sustantivas de la providencia anticipan con crudeza el criterio del ponente. Al justificar el periculum in mora, Fux sostuvo que el riesgo de contradicciones jurisprudenciales reviste especial gravedad al comprometer «la eventual reactivación de una actividad catalogada como nociva y de alto riesgo social, a saber, la explotación de apuestas de cuota fija». El magistrado ratificó así la posición que ya había exteriorizado tanto en la audiencia pública del 3 de noviembre como en su voto en el Recurso Extraordinario (RE) 966.177 del pasado agosto.
Aunque la decisión no dirime formalmente el núcleo de las demandas de inconstitucionalidad, el tono y la argumentación de Fux erosionan de raíz las expectativas de la industria, reduciendo a mínimos las probabilidades de una cautelar que revierta la prohibición antes de la sentencia colegiada del Pleno.