El presidente del Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región suspende la última autorización judicial vigente. La decisión culmina el apagón del juego legal en el país y deja a los usuarios a merced del mercado clandestino a la espera de un fallo del Supremo

El mercado regulado de apuestas deportivas en Brasil ha quedado completamente paralizado. El presidente del Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región (TRF3), el magistrado federal Luis Antonio Johonsom di Salvo, suspendió a última hora del viernes la medida cautelar que había devuelto a CDA Gaming Ltda. la autorización para operar apuestas de cuota fija en territorio nacional.

La resolución, firmada a las 18:37 horas a instancias de la Abogacía General de la Unión, extiende a CDA los efectos del fallo que el pasado 9 de octubre ya había dejado sin efecto la tutela cautelar concedida previamente a la plataforma Stake por el 9.º Tribunal Civil Federal de São Paulo.

CDA Gaming, titular de la marca Casa de Apostas, había conseguido una cautelar dictada por la jueza Adriana Pileggi (del Tercer Panel del TRF3) en el recurso n.º 5034200-15.2026.4.03.0000. Aquel dictamen había dejado en suspenso los efectos extintivos del artículo 4 de la Medida Provisional n.º 1.394/2026 sobre su licencia previa (Ordenanza SPA/MF n.º 255/2025), así como las restricciones impuestas por el Ministerio de Justicia. Tras la caducidad generalizada de las licencias ejecutada el 25 de octubre, el portal casadeapostas.bet.br se mantenía como el único sitio web regulado y autorizado en activo en todo el país. Con esta nueva orden, dicha excepción queda formally anulada.

Un choque competencial sin entrar en el fondo del asunto

El núcleo de la sentencia esquiva el examen jurídico sobre el fondo del litigio. Di Salvo no entra a valorar si la concesión de la cautelar a CDA fue ajustada a derecho, sino que fundamenta la suspensión en tres pilares: la primacía del interés público, el riesgo de grave perturbación del orden público y la necesidad de evitar la dispersión normativa.

En el plano procesal, el fallo asume una doctrina controvertida: la capacidad de la Presidencia del tribunal para revocar horizontalmente la decisión de un colega del propio órgano colegiado, una vía restrictiva frente a la jurisprudencia consolidada del Tribunal Superior de Justicia (STJ). El presidente justificó su intervención alegando que se trataba de un auto monocrático pendiente de recurso y no de una sentencia firme de la sala.

Di Salvo sostiene que la Medida Provisional 1.394 articula una política estatal orientada a «la protección del consumidor y del apostador» que exige una aplicación homogénea en todo el país. A juicio del magistrado, tolerar excepciones cautelares generaría un «efecto multiplicador» y una «inestabilidad incompatible con la gestión de una política pública nacional», apelando al artículo 20 de la Ley de Introducción a las Normas del Derecho Brasileño (LINDB), que conmina a los jueces a calibrar las consecuencias prácticas de sus resoluciones.

Asimismo, reiteró el criterio aplicado al caso Stake: dado que la constitucionalidad de la normativa sobre el juego está pendiente de pronunciamiento en el Tribunal Supremo Federal (STF), los tribunales inferiores no deben anticipar desenlaces que alteren el tablero normativo.

La paradoja de la protección al usuario: el éxodo al canal ilegal

Pese a que el dictamen judicial esgrime la defensa del usuario como argumento central, la consecuencia inmediata del fallo aboca al sector a un escenario diametralmente opuesto.

Hasta el 25 de octubre, los usuarios de operadores autorizados contaban con filtros de verificación de identidad, límites de depósito, protocolos de autoexclusión, bloqueo estricto a menores y canales directos de reclamación ante la autoridad reguladora. Tras la revocación masiva de licencias y la caída de la última trinchera legal que representaba Casa de Apostas, ninguna de estas garantías de juego responsable sigue vigente en plataformas nacionales.

De hecho, los últimos informes de monitorización del portal especializado BNLData constatan un trasvase acelerado del volumen de apuestas hacia plataformas extraterritoriales y operadores clandestinos desde la entrada en vigor de la Medida Provisional.

Al derivar la solución definitiva al STF, que el pasado 4 de noviembre acordó acumular las demandas contra la MP 1.394 junto a las acciones de inconstitucionalidad de la Ley 14.790/2023, en un juicio conjunto que aún carece de fecha, la resolución judicial sume a la industria brasileña del juego en un apagón regulatorio indefinido y deja a millones de apostadores desprovistos de amparo legal.