La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda (MF) ha enviado a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) la tercera lista de dominios para que se pueda disponer el bloqueo de acceso. La primera lista fue enviada el 11 de octubre, con 2.040 sitios. El segundo, el 31 de octubre, contenía más de 1.400. Con algunas correcciones, el número de sitios bloqueados supera los 5.200 en menos de 40 días.
Como en las dos ocasiones anteriores, la orden de bloqueo se envía a las aproximadamente 20.000 empresas de telecomunicaciones que brindan señales de internet en Brasil. Cada empresa tomará sus propias medidas técnicas y Anatel monitoreará para garantizar que el bloqueo se realice de manera efectiva y lo más rápido posible.
El bloqueo de sitios es sólo una de las acciones del gobierno federal para combatir las apuestas ilegales. Combatir la publicidad procedente de sitios web ilegales (incluidas las realizadas por influencers) y el uso del sistema financiero nacional por parte de estas empresas son otras acciones.
Sólo las empresas que hayan solicitado autorización antes del 17 de septiembre o que hayan sido recomendadas por los organismos reguladores de apuestas en los estados y el Distrito Federal pueden nominar sitios para ofrecer apuestas legalmente hasta finales de este año.
Hasta diciembre, el Tesoro debe completar el proceso de análisis definitivo de las primeras solicitudes recibidas, para verificar qué empresas de apuestas cumplen con todas las disposiciones de la Ley nº 13.756/2018 (que legaliza las apuestas de contrapartida, en la modalidad de apuestas deportivas); Ley N° 14.790/2023 (que regula el funcionamiento de las apuestas de cuota fija e incluye los juegos online en esta categoría); y más de diez ordenanzas SPA que regulan la actividad. A partir del 1 de enero de 2025, sólo las empresas autorizadas por la SPA podrán ofrecer apuestas a nivel nacional.
También se realizará un seguimiento de las empresas autorizadas a operar hasta diciembre, que se encuentran en un “período de prueba”, a la espera de que se analice toda la documentación para el proceso de autorización definitiva. Las empresas que violen cualquier ley vigente en Brasil, incluido el Código de Protección al Consumidor y el Estatuto del Niño y del Adolescente, corren el riesgo de no obtener la licencia para operar el próximo año.