La Agrupación iGaming Responsable de Chile ha hecho una declaración pública en la que muestra su preocupación ante la aprobación de ciertas indicaciones al proyecto de ley de las apuestas online
Además, la AGR se vuelve a mostrar abierta a colaborar con la Comisión de Economía, la Comisión de Hacienda y el Poder Ejecutivo en todo lo necesario. En Gaming Intelligence en Español reproducimos de manera íntegra dicha declaración pública:
DECLARACIÓN PÚBLICA
Santiago, 10 de noviembre de 2026
¿Queremos regular las apuestas en línea o reservar el negocio para unos pocos?
AGR expresa su preocupación por la aprobación, por parte de la Comisión de Economía del Senado, por 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, de indicaciones sustitutivas al proyecto de ley que regula las plataformas de apuestas en línea (Boletín N.º 14.838-03); pasando de una regulación integral a una prohibición total de las apuestas online que no provengan de unos pocos. Queremos aclarar que estas decisiones representan un paso procedimental temprano y no la aprobación legislativa final, y que las indicaciones se discutirán en la próxima sesión de la comisión.
Esta medida constituye una transgresión procedimental y constitucional. Tras cuatro años de trabajo y la aprobación previa de la Sala del Senado, un proyecto destinado a regular el mercado fue dado vuelta por completo mediante indicaciones en comisión, votadas por dos integrantes reemplazantes de último minuto, haciendo caso omiso de las advertencias directas sobre inadmisibilidad emitidas por el propio secretario de la Comisión de Economía del Senado, señor Pedro Fadic, basadas en el Reglamento del Senado (arts. 118 y siguientes) . La propuesta busca convertir el proyecto en una barrera que cierra el mercado a todos, salvo a unos pocos.
Como ya han señalado los representantes del Poder Ejecutivo, las políticas prohibicionistas han fracasado de manera consistente. La prohibición no pone fin a las apuestas en línea. Más bien tiene dos efectos principales: primero, crea un monopolio de mercado y elimina la competencia. En consecuencia, esto suprime los incentivos para que los operadores mejoren sus estándares, innoven y contribuyan al desarrollo responsable de la industria. Segundo, ante la ausencia de alternativas legales, muchos usuarios se están volcando al mercado negro, donde no existe ninguna salvaguarda.
No podemos perder de vista los beneficios que un mercado regulado traería al Estado, a los usuarios, a las fuerzas del orden y al ecosistema financiero en general, frente a soluciones simplistas que, a fin de cuentas, benefician solo a unos pocos. Una regulación clara permitiría:
- Protección universal de los menores de edad y otros grupos vulnerables, mediante la aplicación de protocolos estandarizados y modernos de verificación de identidad y edad.
- Marcos obligatorios de juego responsable, incluidos límites de gasto y de depósito, controles de tiempo de sesión, campañas de concientización pública y un registro de autoexclusión unificado y de alcance nacional para todos los operadores.
- Plena protección legal de los fondos depositados por los jugadores, bajo estándares legales claros.
- Rigurosos estándares de prevención del lavado de dinero y de trazabilidad financiera.
- Salvaguardas de integridad deportiva mediante mecanismos de monitoreo de patrones de apuestas sospechosos y una colaboración directa entre operadores con licencia, federaciones deportivas y autoridades.
- Un regulador especializado con facultades para otorgar licencias, inspeccionar, auditar y sancionar a los operadores a fin de garantizar el cumplimiento.
- Una generación significativa de ingresos para el Estado mediante un sistema tributario formal, con asignaciones específicas para financiar programas de prevención, educación y tratamiento de los daños asociados al juego.
Estas salvaguardas no las brinda una prohibición, sino un marco regulatorio que aborda tanto el problema como las soluciones. AGR insta a los legisladores a alinearse con las mejores prácticas internacionales consolidadas e impulsar un marco coherente y transparente que someta a todo el mercado a un único estándar legal riguroso.
En AGR seguimos dispuestos a colaborar con la Comisión de Economía, la Comisión de Hacienda y el Poder Ejecutivo. Podemos ofrecer apoyo técnico y análisis comparativos de datos de mercados maduros a nivel internacional, cuyos hallazgos han sido puestos a prueba a lo largo del tiempo, así como la experiencia práctica en la puesta en marcha de marcos regulatorios en países vecinos que ya han legislado sobre esta materia.
Sin legislación, no hay protección.