El diputado chileno Alejandro Riquelme cuestionó la efectividad de las ejecutadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para restringir las medidas de acceso a las casas de apuestas online y planteó un giro táctico: intervenir directamente sobre los procesadores de pago que canalizan los fondos hacia estas plataformas
En el marco de su intervención ante la Comisión de Economía, el parlamentario sostuvo que la restricción de dominios a través de los proveedores de servicios de internet (ISP) “es completamente inoficioso”, dada la rapidez técnica con la que los operadores eluden estas barreras mediante extensiones alternativas.
“Bloqueo una, replican nuevamente; bloqueo otra, vuelven a replicar”, advirtió Riquelme aludiendo a la proliferación de sitios espejo.
Ante este escenario, instó a desplazar el eje de fiscalización desde el tráfico digital hacia la infraestructura transaccional: «Aquí lo que hay que atacar son las transacciones internacionales vía tarjeta de crédito y transferencias hacia estas empresas. Lo que hay que bloquear es el pago».
En esa línea, Riquelme delineó una articulación interinstitucional entre el regulador y el sector bancario: «La Superintendencia [de Casinos de Juego] debería coordinarse con las instituciones financieras y los bancos para que no se puedan realizar transacciones con empresas que hoy están prestando un servicio online ilegal en Chile. Quizás después busquen otros mecanismos, pero al menos ahí se les corta un insumo fundamental».
El legislador también zanjó el debate en torno al estatus normativo de la industria, enfatizando que el juego online no representa “una actividad a la que le falta regulación, sino que es una actividad ilegal”.
“Eso es lo que ha determinado la Corte Suprema y esto es un Estado de Derecho, por lo tanto, tenemos que atenernos a ese fallo mientras no exista una ley que la permita o la regule”, remarcó.
La jurisprudencia sentada por el máximo tribunal en septiembre de 2025 dictaminó el bloqueo de plataformas no autorizadas, ratificando el principio jurídico de que los juegos de azar son ilícitos en territorio chileno, salvo habilitación legal expresa.
Por último, Riquelme insistió en que cualquier marco normativo para la industria corresponde con exclusividad al Poder Legislativo, sin que ello altere la vigencia del marco prohibitivo actual: “Mientras este Congreso no aprueba una norma para regularla o permitirla, sigue siendo una actividad ilegal”.