Las apuestas online, autorizadas en la ciudad de Buenos Aires a fines de 2018, no podrán realizarse desde cuentas asociadas al pago de «planes o programas de ayuda social, o de la ANSES» y estará prohibido el uso de monedas extranjeras, según se desprende de la reglamentación propuesta por la Lotería.
El año pasado, la Legislatura había autorizado esta actividad y ahora el organismo regulador de los juegos de azar en el ámbito porteño le remite el reglamento que establece cómo deberán inscribirse las empresas que presten el servicio, quiénes podrán jugar o no, y otros aspectos de los juegos por Internet.
En ese sentido, el proyecto ingresado a la Legislatura incorpora una política de juego «comprometida con los derechos de los menores, consumidores y usuarios» y suma controles de acuerdo a las recomendaciones de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero y Prevención del Terrorismo.
La regulación divide a estos juegos en dos categorías: aquellos que se basan en la intervención de números aleatorios, como puede ser el de la ruleta y -por otra parte- aquellos en los que los resultados son «determinados por la ocurrencia de un evento real cuyos resultados son futuros e inciertos», es decir, las apuestas deportivas.
Los «entrenadores, árbitros u otros participantes directos» del acontecimiento están inhabilitados de participar y dicha prohibición se extiende a cónyuges o convivientes y familiares de los involucrados en los partidos sobre los que se realice la apuesta.
Asimismo, se deberán implementar herramientas que permitan a los usuarios «establecer límites de gasto, tiempo por sesión y periodicidad de juego«, aunque la Lotería dispondrá valores mínimos y máximos de aplicación obligatoria.
Según la norma, los apostadores deberán «tener un mecanismo sencillo en la plataforma del sistema que les permita tomarse un tiempo fuera de la plataforma» y otro que «permita la inscripción a los apostadores en el Registro de Autoexcluidos» en el que Agencia de Juego en línea debe asegurar que no se puedan realizar operaciones relacionadas al juego.
Los prestadores del servicio no podrán conceder préstamos a los usuarios, no permitirán préstamos entre los apostadores y la interfaz de la plataforma de juego no deberá inducir al apostador a que recupere sus pérdidas.
Respecto de los prestadores, los «títulos habilitantes» serán por cinco años, podrán ser prorrogados por el mismo plazo y estarán obligados de reportar operaciones sospechosas a la Lotería o a la Justicia, según los casos.
