La asociación brasileña insiste en abordar la regulación del juego como un dilema crítico de seguridad pública, trascendiendo el ámbito estrictamente económico o normativo

La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) de Brasil ha alertado de que ilegalizar de forma drástica las apuestas deportivas en el país beneficiaría directamente a bandas criminales a las que Estados Unidos califica de organizaciones terroristas. 

Para sustentar esta advertencia, la patronal recurre a estimaciones del Tribunal Federal de Cuentas (TCU), las cuales indican que el sector clandestino acapara entre el 41% y el 51% del volumen total apostado en territorio brasileño, lo que supone un negocio irregular de hasta 40.000 millones de reales al año.

Desde la perspectiva de la ANJL, clausurar repentinamente a las compañías autorizadas sin encauzar la demanda existente equivale a ceder voluntariamente una masa aún mayor de capital a las redes de financiación del crimen organizado, tal y como recoge BNLData.

El organismo destaca, además, la dimensión geopolítica de este escenario: en un momento en que la administración estadounidense endurece su postura frente a los grupos delictivos de Brasil, un éxodo masivo de recursos hacia la economía informal reforzaría la postura de Washington para adoptar medidas directas y severas contra estas facciones.

Seguridad nacional y repercusiones geopolíticas

La tesis de la entidad responde a una lógica económica elemental: prohibir las apuestas legales no extingue la demanda. En ausencia de un marco regulado, los usuarios derivan su actividad hacia plataformas clandestinas exentas de control fiscal y administrativo. El propio TCU ha advertido de que esta falta de fiscalización dispara el riesgo de blanqueo de capitales, fraude tributario y amaño de competiciones deportivas.

Frente a esta coyuntura, la ANJL sostiene que la estrategia prioritaria para Brasil debe ser reforzar los mecanismos de supervisión sobre el flujo monetario de la actividad, en lugar de propiciar un entorno en el que miles de millones de reales queden al margen del Estado. Por ello, la asociación insiste en abordar la regulación del juego como un dilema crítico de seguridad pública, trascendiendo el ámbito estrictamente económico o normativo.