Las demandas presentadas impugnan la Ley N° 14.790/2023 argumentando que la regulación de las apuestas de cuotas fijas ha contribuido al aumento del endeudamiento de las familias brasileñas y a impactos negativos en el orden económico
El ministro Luiz Fux, del Tribunal Supremo Federal (TSF), firmó dos resoluciones que deberían modificar el ritmo del juicio sobre la constitucionalidad del marco regulatorio de las apuestas de cuotas fijas, publicado el pasado viernes. En ambos textos, el ponente resuelve sobre las solicitudes para participar como amicus curiae en las Acciones Directas de Inconstitucionalidad 7721 y 7723 —que se tramitan conjuntamente— y en la ADI 7749, presentada por la Fiscalía General de la República (PGR), además de anunciar que las tres acciones se juzgarán conjuntamente una vez finalizada la instrucción de la acción de la PGR, tal y como recoge el portal de noticias brasileño BNLData.
Las demandas ADI 7721 y 7723, presentadas respectivamente por la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC) y el partido Solidaridad, impugnan la Ley N° 14.790/2023 argumentando que la regulación de las apuestas de cuotas fijas ha contribuido al aumento del endeudamiento de las familias brasileñas y a impactos negativos en el orden económico.
Mientras tanto, la ADI 7749, redactada por la Procuraduría General de la República (PGR), va más allá: solicita que se declare inconstitucional la totalidad de la normativa que rige las apuestas de cuotas fijas: la Ley 14.790/2023, las disposiciones restantes de la Ley 13.756/2018 y los reglamentos de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF). Entre los principales argumentos de la PGR se encuentran: la afirmación de que la operación de lotería es un servicio público y debería haberse otorgado mediante concesión o autorización previa licitación, y no mediante simple autorización; la supuesta transferencia inconstitucional de poder al Poder Ejecutivo para regular las restricciones a la actividad, lo que, por extensión, haría inconstitucionales los reglamentos de la SPA/MF; la insuficiente protección de los derechos fundamentales —salud, dignidad humana, niños y adolescentes, personas con discapacidad y ancianos— dada la facilidad de acceso al juego a través de aplicaciones; y la insuficiencia de mecanismos de sensibilización sobre la ludopatía.
La Procuraduría General de la República (PGR) cita varios fundamentos para la constitucionalidad de la ley relativa a la desviación de fondos de programas sociales, citando una encuesta del Banco Central que indica que aproximadamente 5 millones de beneficiarios del programa Bolsa Família transfirieron alrededor de R$ 3 mil millones a sitios de apuestas a través de Pix solo en agosto de 2024; riesgos para la seguridad pública, con base en una encuesta de la Enccla (Estrategia Nacional para Combatir la Corrupción y el Lavado de Dinero) sobre las vulnerabilidades del sector al lavado de dinero y la manipulación de resultados deportivos; y un defecto formal en el origen de la Ley 13.756/2018, cuyas disposiciones sobre apuestas de cuotas fijas fueron presuntamente insertadas por una enmienda parlamentaria ajena al propósito de la medida provisional que la originó.
Finalmente, la PGR solicita que, con la declaración de inconstitucionalidad, se restablezca la actividad como delito penal hasta que se promulgue nueva legislación, la solicitud más radical entre las acciones bajo la relatoría del Juez Fux.