Una nueva edición de la encuesta”Chile Nos Habla”, elaborada por el Centro de Políticas Públicas FENG USS de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, ha analizado la percepción sobre la regulación de las plataformas de apuestas online en el país

Sus responsables concluyen que “la opinión pública rechaza el escenario regulatorio actual. El mensaje es claro, el Estado debe actuar mediante una legislación sólida centrada en la protección de menores, la fiscalización y la prevención de delitos”. 

Al hilo de esto, la directora ejecutiva de la Agrupación de iGaming Responsable (AGR) de Chile, Sandra Kemp, ha publicado una columna de opinión que pasamos a reproducir íntegramente.

Los mínimos que nadie discute 

Las encuesta «Chile Nos Habla – Apuestas en Línea», del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián muestra que, en el debate sobre las apuestas en línea, casi todos coinciden en lo que una ley debe exigir. El problema es que hoy esos mínimos no son obligatorios para nadie. 

Pocas veces una encuesta sobre un tema polémico da un resultado tan claro. El 98,6% de los encuestados está de acuerdo con exigir por ley la verificación de edad e identidad antes de apostar. El 98,4% apoya el reporte obligatorio de transacciones sospechosas y el 97,1% respalda sancionar a los operadores que no tengan licencia válida en Chile. En un país que rara vez se pone de acuerdo, estas cifras se acercan a la unanimidad. 

La encuesta también responde la pregunta de fondo. Un 63,5% cree que las plataformas deben ser reguladas con estricta supervisión del Estado, un 30,8% preferiría prohibirlas y un 4,3% las permitiría sin restricciones. Pero lo más revelador no es esa división, sino lo que la atraviesa. Como señala el investigador Felipe Bettancourt, estos mínimos superan el 97% de apoyo incluso entre quienes prefieren la prohibición. Regular o prohibir es un debate legítimo. Lo que no está en debate es que hay que proteger. 

Hoy ninguna de esas exigencias es obligatoria. Ninguna ley exige verificar la edad. No existe un registro centralizado de autoexclusión, que apoya el 86,3% y que debería abarcar tanto las plataformas en línea como los casinos físicos. Tampoco hay auditorías regulatorias independientes, que respalda el 94,9%. Algunos operadores aplican estas medidas por su cuenta y otros no. El estándar depende de la voluntad de cada uno, y eso es justamente lo que una ley debe terminar. 

La encuesta trae también mensajes que la industria debe escuchar sin ponerse a la defensiva. Más de un tercio de los encuestados (35,2%) conoce a un compañero de trabajo, de estudios o a un conocido que ha tenido problemas significativos por apostar. Ocho de cada diez creen que es común desarrollar una adicción al juego en línea. El 84,5% considera importante que la ley destine fondos a la prevención, la investigación y el tratamiento de la ludopatía, y el 54,2% espera que estas plataformas paguen más impuestos que otras empresas. Son exigencias razonables para una actividad que debe ejercerse con responsabilidad. Por eso hemos propuesto que una parte fija de la recaudación, establecida por ley, se destine al tratamiento y la administre un organismo independiente de la industria. 

Hay una coincidencia más que vale la pena subrayar. Casi todos los encuestados quieren que se sancione o se bloquee al operador sin licencia, y estamos de acuerdo. Pero para sancionar a quien no tiene licencia, primero tiene que existir la

licencia. Sin ley, un bloqueo no distingue entre quien cumple y quien no. Con la ley, se convierte en una sanción con procedimiento, que protege al usuario en vez de dejarlo sin saber qué pasa con sus fondos. 

Hace pocas semanas, el profesor titular de derecho constitucional de la Universidad Católica de Chile, don Arturo Fermandois y el doctor en derecho (D.Phil) Universidad de Oxford, don José Manuel Díaz de Valdés, concluyeron que el Congreso está obligado a legislar en esta materia sin dilación. Ahora sabemos que eso es también lo que pide la ciudadanía. Las indicaciones que estudia el Senado incluyen varias de estas medidas, y la encuesta entrega un criterio simple para evaluarlas: cada artículo debiera acercar al país a esos mínimos y hacerlos exigibles para todos los que quieran operar en Chile, sin excepciones y sin privilegios. 

Cada mes sin ley es un mes en que lo que casi nadie discute sigue siendo voluntario.